LA REDISTRIBUCIÓN DE LA PALABRA

Mariotto, académico y militante, un 17 de octubre de 1987, junto a sus compañeros de Lomas de Zamora, dio inicio a FM Ciudades 103.5, una radio de baja potencia que, para la Ley 22.285 y para el establishment de los medios, en vez de ser un medio de comunicación era una radio trucha.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que pronto va a poder tratar el Congreso de la Nación, viene a terminar con las disposiciones que el cepo legal de la 22.285 le impuso por casi 30 años a la palabra pública en la Argentina. Con picardía no exenta de mala intención, hay quienes aseguran que en la materia la mejor ley es la que no existe, emparentando la ausencia normativa a la libertad. Aun si aceptáramos la buena intención de esta postura, esa frase no puede estar más alejada de la realidad. Tanto la ley ausente como la autorizada son los instrumentos más eficaces para torcer la equidad, la justicia y la libertad de acceso a la expresión pública y al derecho a la información.

Esa es la base filosófica sobre la que se impulsa la nueva ley en el país, una base que se apoya en realidades muy concretas que demanda con urgencia impostergable el nuevo marco legal. Si la distribución de la riqueza exhibió la voluntad material de este gobierno de afianzar el proyecto de reconstitución nacional, la consolidación de una nueva ley de comunicación significa completar este proceso con la redistribución de la palabra.

Esta ley no se impulsa para beneficiar o perjudicar a comunicadores ni empresas. Al decir de Perón, si los objetivos son mezquinos los logros serán miserables. La concepción es más ciudadana: lograr una política de comunicación que tenga en cuenta a una multiplicidad de actores que hoy están excluidos para lograr la democratización de la información en la Argentina, abriendo el juego a más y nuevos medios de comunicación. Regenerar el espacio público de la comunicación es poner en práctica una condición de las democracias modernas.

La historia reciente, prodiga en esfuerzos comunitarios de radios, productoras de televisión, esforzados medios de tirada reducida, son prueba de la voluntad inquebrantable de nuestro pueblo por ejercer sus derechos en plenitud (en este caso el de la comunicación) a la vez que resulta una respuesta a quienes desconfían de la existencia de esos actores. A la vera de estos nuevos comunicadores, se ubican actores sociales reales y concretos: gremios, universidades, las cooperativas, fundaciones que personifican jurídicamente a barrios, comunidades, credos, asociaciones civiles y todo otro tipo de organizaciones libres del pueblo. Están allí, verlos depende solo de nuestra voluntad.

Aun si esta evidencia social resulta poco convincente para entender el porqué de una nueva norma legal, es acuciante atender a los cambios radicales que se advierten en el horizonte tecnológico inmediato. El espacio público se amplía considerablemente con las nuevas disponibilidades que ofrece la transformación tecnológica. El rol de Estado es dar un grado de racionalidad para garantizar los principios de San José de Costa Rica relacionados con la libertad de expresión y la pluralidad de voces. La Ley es el marco para que impere esa racionalidad.

El Estado tiene la obligación y la responsabilidad de hacerlo a través de sus instituciones, porque su naturaleza es la de mirar el conjunto y no sólo los sectores, la totalidad y no el aspecto en relación al ámbito de su desenvolvimiento. Sin embargo, las empresas periodísticas no parecen advertir qué ha ocurrido con el estado de la cultura en los últimos años. Por eso no asimilan el cambio cultural que se dio en 2001, cuando la crisis trajo un emergente que hacía mucho que no aparecía en la sociedad argentina: la política. No el discurso, sino la política materializada, concreta, con rostro. El país que no registraron en las pantallas de los ’90 les estalló en la cara, como a todos. Un teórico amigo dice que en esta última semana de diciembre de 2001 el sistema mediático enmudeció, no supo ni pudo explicar con palabras propias lo que sólo podía explicarse con palabras de la política: organizaciones, militantes, pueblo, patria, bases, rebelión, pueblada.

Durante gran parte de los ’80, y sobre todo de los ’90, la política fue subsidiaria de los medios. Se había terminado el debate, se había terminado la militancia y hasta las listas electivas se podían hacer en las empresas periodísticas.

La nueva perspectiva que hoy se abre desde el Ejecutivo despierta en la comunicación, al igual que en otras áreas, una gran expectativa. Los desarrollos de diversos sectores para la modificación de la 22.285 no son novedad. Muchos documentos elaborados por diferentes organismos durante los últimos 25 años resumen de manera completa la necesidad de una democratización en el terreno de los medios que acompañe la ilusión de un país mas justo. Lo que resulta novedad es que el Poder Ejecutivo los escuche, los promueva, los sintetice y decida ponerlos en marcha, lo que constituye en medidas paralelas un orgullo y un compromiso para todos los sectores vinculados con la comunicación plural.

Resulta evidente que a la par de esta valiente iniciativa, surge la idea de que cualquier orden legal que no sea el de la vieja ley resulta para ciertos sectores una amenaza. Pero no se trata de sectores. Estamos hablando de una comunicación para toda la sociedad argentina para quien la verdadera amenaza es la concreta ley nacida en la dictadura que lamentablemente se sostuvo durante los 25 años de la democracia recuperada, y con la continuidad de esa norma, sus restricciones y su vacío.

Hoy es un presente con un profundo cambio cultural, la interpretación de la realidad social que desde la política se ha hecho desde 2003 a la fecha marca un nuevo escenario: la agenda la construye la gente, la ejecuta la política y los medios deben encontrar el rol en ese marco. Sin traducciones ni prejuicios. Con claridad, con responsabilidad en la construcción colectiva, con amplitud.

Cualquier ambición inconfesa de construir sólo con la pantalla lo que no sucede en las calles, no sólo es deshonesta, también es inútil a la luz de los resultados electorales contundentes que muestran el explícito apoyo de la sociedad a un proyecto inclusivo y de crecimiento.

Algunos sólo ven negocios en donde otros vemos oportunidades para una mejora en la calidad de vida de los pueblos, de la misma forma en que mientras hay quienes conciben la necesidad como el nacimiento de un cliente, otros pensamos que cada necesidad humana es nada más y nada menos que el origen de un derecho.

GABRIEL MARIOTTO

Interventor del COMFER

Miradas al Sur

6 de julio de 2008