PROPUESTA PARA INDUCIR LA FINALIZACIÓN DEL CONFLICTO DEL CAMPO

Participar de las negociaciones al Ministerio de Trabajo.

A los efectos de producir un efecto subjetivo relevante, introduciendo el concepto de que esta negociación se hace considerando a los actores enfrentados al gobierno como Trabajadores Capitalizados y no como empresarios rurales.

Esto debería fragmentar el acuerdo que involucra al campesinado con otros actores y permitir tratar específicamente cada uno de los problemas sobre los que se determine operar
Se le popondría a los campesinos, a través de sus organizaciones.

Recibir una partida de financiamiento para poner en funcionamiento unidades productivas que aporten valor agregado a su producción primaria, por U$S 5.000 millones, a una tasa del 5% anual.

Esto permitiría que 50.000 campesinos, reciban financiamiento por U$S 100 mil cada uno, con la posibilidad de asociarse entre ellos en el uso de los fondos.

Esto permitiría que cada uno de los productores incremente sus ingresos o reduzca sus costos significativamente sin depender esto del aumento del precio de mercado de la Soja
Se establecería un período de 1 mes para que las organizaciones campesinas desarrollen y propongan diferentes conjuntos de medidas, que le permitan al Estado hacer una elección o recomposición adecuada sobre estas propuestas que se espera recibir de las organizaciones, adecuadas a las necesidades de la nación toda y orientadas a limitar el proceso de expansión indiscriminada de los cultivos de Soja en detrimento de la utilización del suelo para otros fines.

Producir un incremento de las explotaciones diversificadas y otros usos del suelo
Generar un proceso de repoblación de los espacios rurales o sub urbanos de todo el país
Determinar los lineamientos básicos de un programa de producción de alimentos para la población nacional en integración con los países del mercosur y la potencialidad del comercio internacional.

Se le solicitará a la FAA una propuesta inmediata de zonificación o discriminación que permita reducir el impacto negativo de la movilidad de las retenciones entre los campesinos que hayan hecho inversiones concretas relacionadas con la explotación sojera, para garantizar que quienes enfrentan mayores costos tengan niveles de rentabilidad similares los sectores de mayores ventajas comparativas.

Igualmente se determinará un modelo de ajuste a costos, para que las retenciones se discriminen en el caso de explotaciones que hayan sufrido pérdidas relevantes por factores climáticos o similares.

De los mayores ingresos por retenciones se participará directamente el 25% a las provincias y otro 25% a los municipios que les dieran origen para que estos administren estos ingresos de acuerdo a sus prioridades, quedando solo el restante 50% al estado nacional, con el objetivo de promover el indispensable proceso de recuperación federal .

Se comunicará específicamente que es de interés prioritario para el Estado Nacional el desarrollo agroindustrial de todas y cada una de las explotaciones agropecuarias y la creación de valor y puestos de trabajo y se creará el consejo consultivo federal, con participación de los tres poderes públicos nacionales y las organizaciones pertinentes, para el desarrollo económico de los pequeños y medianos establecimientos rurales, con el objetivo expreso de contar en a lo sumo un año, de los lineamientos para un plan de explotación agroindustrial plurianual que articule los intereses del conjunto de la nación argentina.

Los U$S 5.000 millones necesarios para financiar este plan y sus posteriores desarrollos, seguirán formando parte de las reservas nacionales, en forma de un bono de garantías que en lugar de funcionar como instrumento financiero fuera de nuestras fronteras, nos permita hacer un uso local y orientado al crecimiento de nuestro ahorro.

Inti Alpert
intialpert@yahoo.com.ar